GPPRD respalda iniciativa “No más deuda en Michoacán”
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura reconoció la visión progresista y responsable en la reciente aprobación de la iniciativa “No más deuda en Michoacán”, celebrada en un acto protocolario en el Palacio de Gobierno con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como sectores de la sociedad.
La diputada local y coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo, subrayó que esta iniciativa marca un precedente al establecer candados institucionales y reglas claras para la contratación de deuda pública, evitando comprometer los recursos de las futuras generaciones.
“Hoy en Michoacán se ha dado un paso muy importante porque se avanza a la estabilidad financiera y se construye más obra”, afirmó Arroyo.
A nombre del GPPRD —integrado también por los diputados Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres—, la legisladora explicó que se prohíbe a las administraciones estatales contratar deuda de largo plazo que rebase el periodo para el cual fueron electos. Toda deuda bancaria deberá cubrirse dentro de la administración en curso, sin heredar compromisos financieros.
Arroyo ejemplificó que la contratación indiscriminada de deuda ha sido una práctica recurrente en diversas entidades, lo que ha generado crisis financieras como la que enfrentó Michoacán al alcanzar los 22 mil millones de pesos en pasivos.
La diputada coincidió con el gobernador Ramírez Bedolla en que no puede haber justicia social cuando miles de millones se destinan al pago de intereses en lugar de obras y derechos para la población.
El GPPRD reiteró que, como oposición crítica pero responsable, respaldará aquellas iniciativas que beneficien a las y los michoacanos, como esta reforma que fortalece las finanzas estatales y promueve más infraestructura y desarrollo.
Finalmente, Brissa Arroyo se pronunció por hacer de la rendición de cuentas y la transparencia una práctica cotidiana, garantizando claridad en el ejercicio de los recursos públicos y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
