Brissa Arroyo Lleva al Congreso Propuesta para Fortalecer la Atención a Víctimas de Violencia Familiar
Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026. Con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas y garantizar una respuesta institucional más oportuna, la diputada local Brissa Arroyo Martínez presentó una iniciativa para que la violencia familiar pueda perseguirse de oficio en determinadas circunstancias de gravedad o vulnerabilidad, sin depender exclusivamente de que la víctima presente una querella ante las autoridades.
Durante la exposición de motivos ante el Pleno del Congreso de Michoacán, la legisladora, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, señaló que la violencia familiar no puede seguir considerándose un asunto privado cuando están en riesgo la integridad, la dignidad y la vida de las personas.
Arroyo Martínez destacó que detrás de cada agresión puede haber víctimas que enfrentan miedo, dependencia, amenazas o condiciones que les impiden acudir por cuenta propia ante las autoridades para denunciar los hechos.
Explicó que actualmente el Código Penal de Michoacán reconoce la violencia familiar como delito y establece, como regla general, que se persiga por querella, aunque contempla algunas excepciones. Ante ello, la iniciativa plantea ampliar los supuestos en los que el Estado pueda intervenir de oficio, especialmente cuando existan condiciones que dificulten la denuncia o impliquen un riesgo mayor para la víctima.
Entre las circunstancias consideradas en la propuesta se encuentran la participación de dos o más personas en la agresión; el uso de armas de fuego o punzocortantes; la existencia de lesiones que dejen cicatrices permanentes, y los antecedentes o denuncias documentadas de violencia familiar contra la misma víctima.
También se contemplan casos en los que la persona afectada sea menor de edad, tenga alguna discapacidad, sea adulta mayor, esté embarazada o se encuentre dentro de los tres meses posteriores al parto, así como situaciones en las que exista imposibilidad para denunciar.
La diputada aclaró que la propuesta no busca eliminar la querella como regla general ni ampliar indiscriminadamente la intervención penal, sino reconocer que hay situaciones en las que exigir a una víctima que inicie por sí misma el procedimiento puede convertirse en un obstáculo adicional para acceder a la justicia.
En ese sentido, sostuvo que las instituciones deben contar con mecanismos que les permitan actuar oportunamente cuando existan circunstancias de especial gravedad o vulnerabilidad, con el propósito de prevenir que las agresiones escalen y atender las señales de riesgo.
La iniciativa también busca fortalecer la protección jurídica de las víctimas y armonizar la respuesta penal con el deber de las autoridades de prevenir la violencia y brindar atención reforzada a las personas en situación de vulnerabilidad.
“Con ello, se pone en el centro de atención a las víctimas y propone una respuesta institucional más oportuna frente a la violencia familiar”, señaló Arroyo Martínez.
Finalmente, la legisladora explicó que la propuesta deriva del ejercicio de Parlamento Abierto, mediante el cual se recogen planteamientos de distintos sectores sociales. En este caso, se vincula con la agenda de trabajo desarrollada junto al Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), dirigido por Laura Elizabeth Sosa Zaragoza.
Con esta iniciativa, Brissa Arroyo plantea fortalecer los mecanismos de actuación de las autoridades ante la violencia familiar, particularmente en aquellos casos en los que las condiciones de la víctima dificultan que pueda iniciar por sí misma un procedimiento legal.